La Mesa por México, con el apoyo de una decena de entidades de Cataluña y México y más de 50 personas a título individual, ha iniciado una campaña contra el nombramiento de la nueva cónsul de México en Barcelona, ​​Claudia Pavlovich, acusada de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad en su país. En una rueda de prensa, la Mesa ha exigido la destitución o dimisión de Pavlovich como representante del estado latinoamericano, por su «falta de trayectoria diplomática y su historial lleno de irregularidades». También ha exigido que el consulado mexicano en Barcelona deje de ser «el premio a las corruptelas políticas» del país.

El nombramiento de Claudia Pavlovich, ex gobernadora del estado de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2015 y 2021, comenzó a levantar controversia el pasado 17 de enero, cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la elección de la representante diplomática se había hecho por motivos políticos. Aprovechando la posibilidad de designar como cónsules a personas sin carrera diplomática, lo que se llama cónsules honorarias, el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pudo nombrar a Pavlovich a dedo y sin la ratificación del resto de miembros del Senado. La Mesa ha mostrado su rechazo hacia este marco administrativo que «da vía libre a la entrada de personajes polémicos».

La lista de malas prácticas que se le atribuyen a Pavlovich es larga. Uno de los hechos más controvertidos se remonta al año 2009, cuando, como diputada local de Hermosillo (Sonora), fue acusada de tráfico de influencias y encubrimiento de los responsables de un incendio en un jardín de infancia donde murieron 49 niños y un centenar sufrieron heridas graves. El pasado enero, el colectivo de familiares de las víctimas de la escuela ABC denunciaba en una carta a Servicios Exteriores del país la impunidad de la representante política, después de que hubiera hecho recomendaciones al juez de la causa a favor de los propietarios inmueble quemado; todos ellos con cargos políticos o vínculos con miembros del gobierno mejicano. «Sostenemos que este intercambio de favores significó su despegue profesional definitivo», explican las familias a la carta.

Siete años más tarde del incidente, cuando ya ostentaba el cargo de gobernadora, Pavlovich forzó a que se alargara el secreto de sumario del caso hasta el año 2026, para evitar, según declaraciones de su gobierno, que esa información pusiera en riesgo «la vida, la seguridad o la salud» de los implicados. En varias ocasiones, las familias han señalado las causas estructurales del incendio, provocado en un sistema educativo cada vez más privatizado que no cumple con los estándares de seguridad de sus instalaciones. Ante su reclamo de justicia, en agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a analizar de nuevo los hechos.

Otro de los sucesos con el que se vincula Pavlovich y que recoge la Mesa por México en su denuncia es la llamada Operación Zafiro. Se trata de una trama de corrupción en la que se habrían desviado hasta 650 millones de pesos mexicanos (casi 30 millones de euros) de fondos públicos por la presunta financiación de campañas electorales del PRI. Según investigaciones de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hasta siete estados del país habrían utilizado empresas fantasma para desviar estos recursos con la complicidad del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De todos ellos, el de Sonora, liderado en ese momento por Pavlovich, habría sido uno de los que más dinero habría malversado, con un 22% del capital total. Recientemente,

Sus políticas como gobernante de Sonora también fueron reprobadas desde los inicios del mandato por varios colectivos del movimiento popular de la región del noroeste mexicano. Por un lado, los Comités campesinos de Cuenca Río Sonora emitieron múltiples denuncias contra Pavlovich por la inacción frente al vertido de 40 millones de litros de metales pesados ​​en los ríos del territorio, procedentes de empresas mineras. Desde 2015, la organización exigió que se restablecieran sus derechos de acceso al agua, a la salud ya un medio ambiente sostenible y saludable. Por otro lado, varios colectivos feministas reclamaron al gobierno de Claudia Pavlovich que decretara la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres de Sonora, por la falta de respuesta ante el aumento de la violencia durante su mandato, que creció un 36%, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Ocupamos el primer puesto del país en violencia familiar, el primer puesto en abuso sexual, el cuarto puesto en violencia de pareja, el quinto en violaciones, el duodécimo en feminicidios…”, enumeraba una de las portavoces de la Red Feminista Sonorense en un acto de protesta celebrado en el 2020, un año antes de que se activaran las políticas de alerta que reclamaban las feministas.

Denuncias públicas y pactos de silencio

Arturo Landeros, miembro de Mesa por México, señala que la representante de México en la capital catalana «no cumple con el perfil para representar políticamente al consulado». “Las funciones consulares deberían ser las de conversar, dar la cara y velar por los derechos del estado mejicano. No es la mejor persona para dialogar con todos esos antecedentes”, añade. Pese a las múltiples muestras públicas de rechazo hacia la líder política, el presidente mexicano descartó que éstas puedan condicionar su nombramiento. “Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha vuelto ningún caso al poder judicial. No podemos dejar de lado a nadie sólo por denuncias públicas”, declaró en febrero en una rueda de prensa.

Desde la Mesa por México, han hecho llegar la demanda de destitución al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español y al Ayuntamiento de Barcelona. Recuerdan cómo la presión ciudadana sirvió en 2017 para destituir como cónsul al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, acusado de participar en redes de crimen organizado en el estado mexicano. Con este propósito, la entidad en defensa de los derechos humanos ha programado diversas acciones de apoyo a la campaña contra el nombramiento de Claudia Pavlovich, entre ellas la proyección del documental La hora de la Midiada , sobre el incendio en la escuela ABC . Será hoy jueves, a las ocho de la tarde, en la Cinétika, en el paseo de Fabra i Puig del distrito de Sant Andreu de Barcelona. Además, también han organizado una jornada reivindicativa este viernes, a las siete de la tarde, en Can Batlló, donde participarán algunas de las familias afectadas por el incendio en la escuela ABC.

Fuente: Directa.Cat

Fotografías: Agencia EFE